Sigue curso en el congreso el proyecto de reforma constitucional que intenta incluir en el ordenamiento jurídico nacional la cadena perpetua para personas que cometan delitos contra los niños. Para que la propuesta de la senadora Gilma Jiménez llegue a buen término debemos reformar la Constitución de 1991 y una tradición jurídica como lo es la no inclusión de penas irredimibles en nuestra normativa.
Sobre el tema creo firmemente que la medida es absolutamente desmedida e innecesaria, pero antes de que me lapide con su pensamiento déjeme darle un par de razones y pedirle que las lea de la forma menos pasional y solo al final saque sus propias conclusiones, a favor o en contra de las mías, pero sobre todo sin acusarme de insensible con los niños de Colombia, único argumento que parece haber tomado forma contra quienes como yo no estamos de acuerdo con la senadora.
En primer lugar quiero que sepa que estoy de acuerdo con que los menores de edad, como sujetos de derecho de protección especial, deben ser protegidos contra cualquier tipo de abuso o maltrato de cualquier índole, sexual, físico, moral etc., y que los victimarios deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Sin embargo creo que la implementación de la cadena perpetua trae consigo una serie de consecuencias absolutamente negativas, las cuales en un sistema judicial como el nuestro tienden a ser aun peores.
Piense en un momento la cantidad de hombres, que por cualquier motivo son acusados falsamente de delitos sexuales contra menores en un sistema judicial ineficiente sin garantías para demostrar su inocencia y que acabarían purgando una pena de por vida.
Analice los costos que supone para el Estado encarcelar de por vida a una persona en un sistema carcelario hacinado que no cumple su función de rehabilitación sino mas bien una educadora del crimen.
Las penas en derecho penal tienen varias razones de ser, la primera es obviamente castigar al victimario por los delitos que cometió, la segunda es alejarlo de la sociedad por considerarlo una persona peligrosa para la misma, la tercera es proteger al victimario de la justicia de propia mano de las victimas o sus familiares, y por ultimo y a mi modo de ver la más importante, cumplir una función disuasoria para que quien en algún momento piense cometer un delito, el solo hecho de pensar en la efectividad de la justicia y en la pena lo hagan abstenerse de cometer el delito.
Recuerdo en una de mis primeras clases de derecho en la universidad una frase de un profesor que decía: “las leyes están ahí, son buenas, lo difícil es aplicarlas”.
Si implantáramos un sistema de cadena perpetua en Colombia la pena definitivamente disuadiría al posible victimario, pero la ineficacia de la justicia en Colombia lo llevaría a cometer el delito, convencido que así la pena sea muy alta las probabilidades de que lo condenen son muy bajas.
Por lo tanto la solución no es implantar un sistema costoso e ineficiente sino mejorar el actual sistema que tenemos, si nos pasamos la vida promulgando leyes jamás vamos a hacer que nuestro sistema sea eficiente y habremos perdido todo el esfuerzo.
Si nuestro sistema en realidad funcionara todos aquellos a quienes se acuso falsamente serian absueltos y retornarían a la libertad, todos aquellos que efectivamente son culpables estarían en la cárcel y se les aplicaría la pena máxima que contempla el código penal que es de sesenta años de cárcel. Dichos sesenta años serian purgados por el delincuente en su totalidad, ya que hoy en día nuestro ordenamiento contempla que para los delitos contra menores de edad el delincuente no obtendrá ningún beneficio en la reducción de la pena, suficiente tiempo en la cárcel para no acercarse jamás a un niño más.
Así que si estoy de acuerdo y promuevo la protección de los menores y el castigo ejemplar de sus victimarios, mediante la implementación seria de políticas públicas al alcance del bolsillo del Estado y no con inventos, atractivos al electorado, pero ineficientes e innecesarios.
Santiago Valencia G.
Twitter: @sanvalgo
No hay comentarios:
Publicar un comentario